Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, Vol. 17, No. 1 (2018)

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doi: 10.5027/psicoperspectivas-Vol17-Issue1-fulltext-1165
Galaz Valderrama, Sepúlveda Galeas, Poblete Melis, Troncoso Pérez, and Morrison Jara: Derechos LGTBI en Chile: tensiones en la constitución de otredades sexualizadas



El respeto por la “diversidad sexual” se ha posicionado en los últimos años como un valor democrático, mediante el cual un Estado occidental se puede definir como moderno, democrático y respetuoso de los derechos humanos. En este marco, el concepto de “diversidad sexual” puede referir a la existencia de múltiples tipos de expresiones, orientaciones e identidades sexuales. Sin embargo, resulta problemático cuando se usa como un término sombrilla para agrupar a colectivos heterogéneos estigmatizados por sus orientaciones e identidades sexuales (Careaga, 2004), invisibilizando su principio de jerarquización, es decir, situando la otredad al borde de un sistema de privilegio macho-masculino-heterosexual (Rubin, 1989). Así, hablar de “diversidad sexual” tiene implicancias problemáticas ya que reproduce una idea de “otredad”, en tanto diferencia (Barret, 1990), reificando un ideal heteronormativo de normalidad (Galaz, Troncoso, & Morrison, 2016). Conforme lo anterior, en este artículo se hace una aproximación al uso de la “diversidad sexual”, en la acción pública a partir de la discusión de diferentes leyes, para dar cuenta de los modos en los cuales esta categoría constituye un pivote sobre el cual se articula el diseño de políticas públicas.

En los años setenta comienza el ascenso de las ideas de “la liberación gay” en la mayoría de los países occidentales pero, como plantea Weeks (2012b), dentro ni fuera del movimiento LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales) se mencionaban otros derechos más allá del reconocimiento. De este modo, “[p]arecía como si estuviera más allá del horizonte de posibilidad, inteligibilidad o incluso deseabilidad en el contexto de las feroces críticas gay y lésbicas a la familia y al matrimonio heterosexual” (Weeks, 2012b, p. 167).

En América Latina, con el término de las dictaduras en los 80 y 90, se dio un giro en la acción pública sobre la población LGTBI, pasando desde la represión a la promoción de derechos que consideran legislaciones anti-discriminación y de derechos sociales y de salud (Díez, 2013). Aunque, partiendo de la base de “sujetos víctimas” más que de sujetos políticos (población LGTB como víctimas de HIV-SIDA, de violencia, de discriminación) (Pecheny, 2009).

En Chile, desde los 90, las demandas de organizaciones sociales de diversidad sexual se han hecho más visibles. Un ejemplo son organizaciones como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH), el Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS) y organizaciones de niñez y juventud trans, de trabajadores/as sexuales trans, trans-migrantes y de lesbianas y bisexuales, entre otras (Godoy, 2016). Estas organizaciones han criticado que el Estado por no hacerse cargo de la prevención de la discriminación (MOVILH, 2017), aunque existen incipientes intervenciones públicas. El Ministerio de Educación ha publicado y distribuido “Orientaciones para promover una escuela inclusiva” (2013), “Orientaciones para el diseño e implementación de un programa en sexualidad, afectividad y género” (2014), y “Política Nacional de Convivencia Escolar” (2015). Por su parte, el Ministerio de Salud publicó “Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes” (2015), “Vía Clínica para la adecuación corporal en personas con incongruencia entre sexo físico e identidad de género” (2010).

Internacionalmente la adopción de una mirada inclusiva con las comunidades LGTBI opera diferenciando entre países occidentales “desarrollados” y entre aquellos atrasados y poco democráticos, volviéndose un discurso deseable dentro de las redes globalizadas de poder (Sabsay, 2011). Algunas teorías feministas críticas (Brown, 2008; Butler, 2007; Puar, 2007) se interroga hasta qué punto estos discursos promueven valores individualistas y lógicas neoliberales que desatienden el nivel estructural de las desigualdades sociales (Coll-Planas, 2009), y de las cuales sólo se privilegian un grupo selecto LGTBI. Estas lógicas se reproducen, por ejemplo, cuando se aborda la orientación sexual como una “opción personal” que debe ser respetada, ignorándose el potencial cuestionamiento político a un orden heteropatriarcal dominante (De Lauretis, 1991; Sáez, 2004).

Nos interesa aquí hablar de “acción pública” por sobre el análisis de políticas públicas, precisamente porque el primer concepto refleja que el poder público estatal no tiene el monopolio de lo político ni del trabajo en asuntos públicos, ni de su gestión de forma exclusiva y omnipresente, sino más bien el Estado se encuentra interpelado por diversas esferas sociales y por tanto, sus acciones son articuladas en un cruce de caminos con la acción de otros agentes sociales. Por tanto, la interpretación de lo que es un problema social y su intervención, es múltiple y aunque las leyes, políticas públicas e intervenciones directas competen al Estado, no las hace como un órgano omnipresente, sino en relación a las acciones de otros agentes (Durán, 1990; Thcenig, 1997).

Aun cuando se reconoce una íntima relación entre diversidad sexual y derechos humanos se ha prestado poca atención en el ámbito de la acción pública en Chile, por la larga historia de postergación frente a otras discriminaciones y por entenderse la lucha por los derechos LGBTI como un asunto exclusivo de esa comunidad (Erazo, 2015).

En el informe sobre Derechos Humanos en Chile, se concluye que “aún falta mucho para que en Chile exista un respeto de los derechos de las personas LGTBI, tanto en las normas como en las políticas públicas” (2017, p. 421). Mientras Argentina y Uruguay han pasado a liderar la promoción de derechos LGTBI (identidad de género, matrimonio y parentalidad), la situación en Chile es más bien contradictoria, con resultados parciales (Barrientos, 2016). Esto por dos causas (Morán Faúndes, 2013): (a) la influencia que ha tenido la Iglesia Católica y su autoridad moral en el siglo XX y por el rol otorgado por las élites en la búsqueda del consenso durante el período transicional (Htun, 2003); y (b) el debilitamiento de los movimientos feministas en el periodo post-dictatorial por los procesos de institucionalización y dificultades para incidir en políticas sexuales (Morán Faúndes, 2013).

Acentuando lo anterior, los avances en el contexto chileno no han afectado del mismo modo a los diversos sujetos LGTBI: la personas trans e intersex suelen ser más marginadas, existiendo a su vez diferencias entre demandas de movimientos de diversidad sexual “más tradicionales” y los de disidencia sexual. Actualmente, las personas trans aparecen en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (próximamente CIE-11); y en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V). El trastorno de identidad de género se eliminó del DSM-IV y se reemplazó por disforia de género: “malestar que puede acompañar a la incongruencia entre el género experimentado o expresado por un sujeto y el género asignado” (American Psychiatric Association (APA), 2014, p. 451). El Informe Outright sobre derechos trans en Chile (2016), enfatiza que la Ley Antidiscriminación necesita ser enmendada y destaca que la situación de personas intersex es de invisibilidad. Por el activismo internacional se ha ido reconociendo la necesidad de derechos a personas intersex en Chile (Godoy, 2016).

Desarrollo analítico: Diversidad y diferencia

La diversidad no sólo afirma la pluralidad respecto de las diferencias, sino que habla a su vez de la construcción de subjetividades y de procesos de dominación y resistencia (Foucault, 1977). La “diversidad sexual” es un sitio de conflictos y controversias, estando en sus orígenes ligada a las ideas de perversión y desviación, sugiriendo un distanciamiento de la “normalidad” (Weeks, 2012a). Siguiendo a Foucault, el campo de las sexualidades es el fruto de un régimen de poder-saber desarrollado por medio de disciplinas que contribuyeron con sus discursos a definir los parámetros de lo normal/ anormal, lo moral/lo abyecto (Foucault, 1977).

Pero junto a las luchas identitarias LGTBI, se ha ido resignificando la idea de diversidad sexual, instalándose bajo una idea de pluralismo sexual y, siguiendo a Rubin (1989), una “variante sexual benigna”: es decir, se ve como algo necesario de inclusión dentro de una variante democrática occidental. Por ejemplo, la despatologización de la homosexualidad vino acompañada de la construcción de identidades sexuales entendidas como opciones personales o estilos de vida alternativos. La diversidad sexual comprendida en términos liberales ha sido cuestionada por teóricas feministas, que denuncian los efectos de despolitización de estos discursos que dejan intactas las estructuras de poder heteropatriarcales y capitalistas (Kitzinger, 1987; Puar, 2007).

Así se ha insistido en el reconocimiento de la heteronormatividad como sistema de poder (Hill-Collins, 1990) y régimen político (Rich, 1980; Wittig, 2006). Cuando hablamos de heteronormatividad estamos desnaturalizándola, afirmando que opera como un régimen político institucionalizado que promueve relaciones de poder desiguales entre los géneros (Butler, 2007). De esta manera, los sujetos LGTBI han sido vinculados a técnicas de normalización múltiples: fijando sus identidades y comportamientos, homogeneizando a quienes integran sus categorías, emergiendo incluso un “ciudadano sexual” en cuanto consumidor particular (Sabsay, 2011).

Metodología

Siguiendo lo señalado por Carrasco, López y Estay (2012), empleamos la indagación y el análisis documental que se basa en auscultar un corpus textual para fijar categorías relevantes, utilizando para ello el análisis de discurso como mecanismo que favorece la identificación de los significados que los sujetos le otorgan a su propia realidad (Ruíz, 2012). Se asumen principios del análisis crítico del discurso, dado que se consideran en la investigación problemas sociales y asuntos políticos que apuntan a develar el poder, el dominio y la forma en que la desigualdad es practicada (Van Dijk, 1999). Se realizó una aproximación a 9 leyes que explícitamente abordan la noción de diversidad sexual ya sea como objetivo central -el centro es la identidad y/u orientación sexual- o como ámbito emergente dentro de la discusión de normativas generales para la ciudadanía. Se identificó la concepción de la diversidad sexual que surge de los relatos elaborados en la discusión de comisiones y en las salas y que están registrados en la “Historia de la Ley”, documento de carácter público. El objetivo de este ejercicio fue “descomponer el texto, asignar, desarrollar categorías y ponerlas en orden” (Flick, 2002, p. 196).

A partir del uso del lenguaje (Amezcua, & Gálvez, 2002), se procedió a levantar categorías que permitieran una mejor aproximación de la historia de la ley, surgiendo como elementos centrales: las declinaciones de la diferencia, el reconocimiento de la “diversidad sexual” como un campo en disputa y la presencia de voces autorizadas para hablar del tema. Así, se logra poner en evidencia el orden de las ideas de un texto para visibilizar los argumentos que las apoyan (Carrasco, López, & Estay, 2012). Además, se hizo un etiquetamiento y desagregación de pasajes textuales de acuerdo con estas categorías (Sayago, 2014).

Tabla 1:

Leyes analizadas

Ley Contenido Promulgación
19.947 Ley de matrimonio civil 2000
20.370 Ley General de Educación 2009
20.609 Contra la discriminación 2012
20.750 Introducción de la televisión digital terrestre 2014
20.830 Acuerdo de Unión Civil 2015
20.845 Inclusión escolar 2015
20.885 Subsecretaría de Derechos Humanos 2016
20.940 Sistema de relaciones laborales 2016
20.968 Delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes 2016

[i] Fuente: Elaboración propia.

Resultados y Discusión

Declinaciones de la diferencia

Inscrita en los debates contemporáneos sobre las implicancias teóricas y políticas del uso de la diferencia (Barret, 1990), la noción de diversidad sexual ha adquirido un lugar protagónico en los procesos de democratización sexual (Sabsay, 2016). En dicho horizonte, el análisis del corpus pone al descubierto la huella de un afuera constitutivo, en el sentido que Staten (1984) le otorga para referirse a aquello que, si bien constituye una amenaza para la identidad, también contribuye a mejorarla.

Todo indica que la construcción de los perfiles del/a otro/a sujeto/a de la diversidad sobre los que descansa la identidad, se la puede calificar de heterológica, en tanto la experiencia de la alteridad parece articularse bajo la homogeneidad de lo mismo (Staten, 1984). En el caso aquí expuesto, la huella del afuera constitutivo, implica el establecimiento de una diferencia construida sobre la base de una jerarquía, que en este caso remite a la heteronorma. El/la otro/a de la diversidad sexual, aparece como lo “otro de la razón”, lo cual justifica el ejercicio de un poder disciplinario ejercido por y desde las instituciones del Estado. Empíricamente, la huella del afuera constitutivo se observa de forma clara en los registros de las discusiones en sala, particularmente en aquellos pasajes en los que se aborda la cuestión de la otredad sexual.

El análisis del corpus, pone al descubierto aspectos relevantes derivativos del proceso de construcción social del sujeto de la diversidad sexual. En efecto, indica que los usos de la noción de “diferencia” -lo que implica reconocer su carácter posicional y no absoluto- al ser traducida como “diversidad” deriva su significado en un campo semántico organizado básicamente en torno a dos polos: un polo al cual hemos denominado como “agregación desingularizante” que remite a los procesos de agregación que traducen la heterogeneidad (la varianza intraclase) a unidades de agrupamiento por semejanza de atributos- proceso característico de las tecnologías biopolíticas. Otro polo, denominado como “particularismo reificante” que remite a la idea del yo soberano asociado a los imaginarios sociales que inscriben la diferencia sexual al costado de las opciones personales o estilos de vida.

La primera declinación, inscribe a la diversidad sexual en un conjunto heterogéneo de otredades en el cual se amalgaman diferencias varias como si se tratase de un ‘cajón de sastre’ simplemente como “otros/as”. En el mejor de los casos logran coexistir una multiplicidad de otredades, en ausencia de principios claros taxonómicos, lo cual pone al descubierto el funcionamiento heterológico al cual antes nos hemos referido. Al respecto:

Este proyecto es la histórica aspiración de las fuerzas progresistas para que los niños y jóvenes chilenos concurran a la llamada “escuela común” que es para todos y que incluye a todos en su diversidad: ricos y pobres, talentosos y los que no lo son tanto, con hándicap y sin él, inmigrantes y nativos, culturas e identidades diversas; en suma, todos, sin distinción ni discriminación (Historia de la ley 20.845, p. 381).

La declinación agregativa y desingularizante opera con mayor fuerza a la hora de articular la diversidad sexual en torno al eje discriminación/antidiscriminación. La declinación de la diversidad en clave de agregación desingularizante pone en un plano de equivalencia, estructuras complejas en las que no existe un nivel básico que gobierna sobre los demás, sino que todos los niveles ejercen algún grado de influencia mutua en diferentes aspectos particulares (Castro Gómez, 2007). La agregación desingularizante suplementa el ordenamiento jerárquico de la diferencia a través de un ordenamiento heterárquico de la diversidad. Esto significa que no hay lógicas autónomas ni tampoco una sola lógica determinante que gobierna sobre todas las demás, sino que más bien existen procesos complejos, heterogéneos y múltiples, con diferentes temporalidades (Castro- Gómez, 2007). Al respecto:

Se entiende por discriminación arbitraria toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales (…) cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia (…) el sexo, la orientación sexual, la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad (Historia de la Ley 20.609, p. 441).

Una segunda declinación se articula a contra luz, invirtiendo el enunciado afuera constitutivo en adentro instituido. Dicho de otro modo, esta declinación se constituye a partir de una serie de enunciados afirmativos referidos a la identidad entendida como mismidad. Las figuras de la otredad, se erigen a partir de un movimiento de producción asimiladora de la alteridad. Siguiendo a Hall (2010), podríamos pensar este adentro instituido como un lugar residual del sujeto de la Ilustración. Como Hall señala, el sujeto de la Ilustración se basa en una concepción del sujeto humano como individuo, centrado y unificado dotado de la capacidad de razón, conciencia y acción cuyo centro consistía de un núcleo interior que emergía por primera vez con el nacimiento del sujeto, y se desplegaba junto a éste permaneciendo esencialmente igual, continuo o idéntico a sí mismo a lo largo de la existencia del individuo (Restrepo, 2014, p. 98). Al respecto:

En materia de diversidad sexual, hemos avanzado en una legislación protectiva. Pero también debe haber educación. Hay que perseverar en la formación, en la tolerancia, en la reparación, en el entendimiento del dolor que sufrieron determinados sectores, ciertos colectivos de nuestra comunidad (…) Hay que caminar hacia una sociedad más tolerante, que haga del respeto a los derechos humanos un valor fundamental (Historia de la Ley 20.885 p. 443).

Sujeto de la identidad, entendida como mismidad, que goza del privilegio de clasificar, eclipsando su lugar en nombre de la cultura y la nación. Dicho de otro modo, borrando en su acción enunciativa y con ello su lugar agencial. Tal como sugiere Sabsay (2016) este modelo de sujeto liberal se erige en la medida universal a partir de la cual “los otros sujetos sexuales”, tienen que medirse, rearticulando en dicha acción un ethos colonial del progreso. Al respecto:

La “globalización” es un fenómeno que se está́ produciendo cada vez con mayor rapidez. Los países, las economías, las culturas y los estilos de vida se acercan, se universalizan y se funden. No obstante, los contrastes se acentúan, la intolerancia aumenta; las sociedades son más diversas en su conformación, y, a la vez, mantienen en su seno sus propias tensiones socioculturales, que muchas veces son resueltas a través de conductas discriminatorias (…) Esta diversidad plantea una serie de desafíos al Estado, teniendo presente que uno de los deberes primordiales de este consiste en estar al servicio de la persona y que su finalidad es promover el bien común, asegurando el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional (Historia de la Ley 20.609, p. 3).

Una tercera declinación del afuera constitutivo remite a un particularismo reificante, el cual opera mediante el cierre y la clausura provisional del proceso de significación de la otredad. Dicho de otro modo, allí donde hay contingencia, provisionalidad y parcialidad pondrá esencia, fijación y totalidad. Allí donde la otredad denunciaba el arbitrio de la jerarquía posicional, esta declinación introduce la naturalización de una asimetría que se proyecta una vez más como transcendental al orden social. Aquí la diversidad traduce la gubernamentalidad liberal-biopolítica en la medida en que el orden dicotómico cristalizado en el par normal-anormal se vuelve radicalmente iterativo, adquiriendo de este modo una fuerza performativa. En el acuerdo de unión civil, esta declinación emerge con mayor rotundidad:

La antropóloga Patricia May recientemente ha señalado que la homosexualidad es una condición no elegida y probablemente no deseada, no es una elección ni una opción y, a diferencia de la pedofilia que viola, abusa y utiliza a otros seres para el propio placer produciendo daño y dolor, la homosexualidad establece, o puede establecer, relaciones consensuadas sanas entre adultos que hacen un aporte positivo al medio, y como tal puede ser vivida en dignidad y amor (Historia de la Ley no 20.830, p. 4).

Campos de disputa de la diversidad sexual

Al analizar el corpus podemos destacar la emergencia de tres grandes campos semánticos por donde transita la concepción de diversidad sexual: el anti-discriminación, la lógica de derechos sociales, y en menor medida, de defensa heteronormativa.

Separamos los campos semánticos “anti-discriminación” y la “lógica de derechos” porque si bien el primero de ellos puede considerarse también como un derecho humano, se distingue ya que es el único derecho que en las discusiones se especifica detalladamente a nivel de sujetos y se sanciona la protección de las personas LGTBI “consensuadamente” entre todos los sectores políticos, al tratarse de la penalización de la violencia. Pero cuando entramos en la discusión de leyes que implica otorgar “derechos sociales” a las personas LGTBI, como por ejemplo el Acuerdo de Vida en Pareja, la defensa heteronormativa e identitaria se vuelve más densa y se distancia de la consideración de derechos que sí emerge consensuadamente en los discursos anti-discriminatorios. En el campo de “la lógica de derechos” se ve la irrupción de una disputa cultural sobre las sexualidades entre diferentes sectores sociales chilenos.

De esta manera vemos que las leyes buscan responder al compromiso que el país ha asumido en el concierto internacional, con la adscripción de diversas convenciones que buscan frenar los índices de discriminación LGTBI. Entre estas se cuentan los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de las leyes internacionales de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género (2006); la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia (2013, Guatemala), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1978, Costa Rica) que dio el fallo favorable del caso chileno de Atala Riffo; y la Relatoría para los Derechos de las Lesbianas, los Gays y las personas Trans, Bisexuales e Intersex dentro de la Comisión Interamericana de DDHH.

El desarrollo legal tiene que ver con esta demanda internacional, pero también para dar respuestas a hechos del acontecer nacional, como el crimen de odio contra Daniel Zamudio. Desde el retorno a la democracia, siete leyes se relacionan con explicitar dentro de su corpus legal, la no discriminación sexual, llegando a su punto máximo con la ley anti-discriminación. Esta ley se conoce como Ley Zamudio por la muerte de Daniel Zamudio, joven homosexual asesinado a golpes por un grupo neonazi en marzo de 2012.

…para destrabar el proyecto de ley antidiscriminación, que dormía en el Senado, donde se logró́ un gran avance, ya que el artículo 2° define que se entiende por discriminación arbitraria, entre otras, la que se ejerce por la orientación sexual y por la identidad de género de las personas. (…) no es posible que en una ley antidiscriminación no figure el rol del Estado en materia de promoción y prevención (...) existen leyes que penan el homicidio, pero sigue habiendo homicidios. Una ley no va a eliminar por sí misma hechos como los cometidos con Daniel; pero este país sería muy diferente si todas las instituciones del Estado contribuyeran a combatir los prejuicios, a entender que somos todos diversos y que en esa diversidad está el gran fruto de Chile. (Historia de la Ley 20.609, p. 584).

En otras leyes se incorporó como categorías protegidas de la discriminación “a la orientación sexual y la identidad de género” como la de televisión digital, que creó el Consejo Nacional de Televisión; la ley que moderniza el sistema de relaciones laborales; y la que incluye a las personas LGTBI en la tipificación de delitos de tortura. Pese a que se trata de cuerpos legales no orientados a la temática en específico, en el debate de las comisiones y de las cámaras, emergió la necesidad de explicitar algunos temas como la orientación sexual.

En otras leyes, pese a que en la discusión se promovió el uso explícito de la “diversidad u orientación sexual” o “minorías sexuales”, finalmente no se hace referencia explícita a colectivos LGTBI; sin embargo, sí incluye el principio de la no discriminación y de respeto a la “diversidad social” -como la ley general de educación y la ley de convivencia escolar. En éstas, se contra-argumenta que el genérico “social” o “cultural” engloba cualquier tipo de discriminación y que, por tanto, no es necesario explicitar las diferencias sexuales. En este ejercicio argumental al invisibilizar la diferencia también quedan invisibles las desigualdades de trato que pueden recibir las personas por su identidad y/u orientación sexual. Como ejemplo vemos que ante la indicación número 198 a la ley de educación que se presentó para agregar que no se pudiera discriminar por “apariencia física, preferencia sexual y cualquier otro tipo de discriminación arbitraria”, se consideró que el uso genérico englobaba estas particularidades y que, por tanto, no debía especificarse:

La Ministra de Educación hizo presente que en el artículo 2º se consagra el principio de la diversidad, a través del cual se promueve el respeto a la diversidad cultural, religiosa y social y se prohíbe efectuar cualquier tipo de discriminación arbitraria. En votación la indicación número 198 (inclusión de diversidad sexual), fue rechazada (...) (Historia de la ley 20.370, p. 704).

Esta apelación a valores generales ciudadanos -respeto, tolerancia y convivencia- sin especificaciones identitarias, también se dio en el mismo debate de la Ley Zamudio: en ésta se establece a la sexualidad dentro de una serie de otras subcategorías posibles, como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, entre otras.

Por otro lado, vemos que los argumentos que se esgrimen tienen que ver con la necesidad de respetar la diversidad sexual como valor democrático, estableciendo una suerte de medida de distinción entre países desarrollados versus aquellos que no lo son. Promover estrategias anti-discriminatorias se relaciona con la idea de progreso de desarrollo del país y, por tanto, se establece como un ideal a seguir para ubicar a Chile dentro de un cierto estatus civilizatorio. Esto se hace a través de la comparación con otros sistemas legales; pero también recurriendo a un conjunto de saberes -biológicos, ecológicos, jurídicos- que dan sustento científico a esta postura, haciendo emerger a la discriminación como algo anti-natural.

Chile va a ser más libre, más civilizado, se va a acercar más a la cultura que hoy emerge en la sociedad global y que ha sido establecida en todos los cuerpos legales de Europa y de otros países del mundo, lo que va a permitir que tengamos una democracia más sólida y una forma de convivencia más respetuosa (Historia de la Ley 20.609, p. 60).

Los desafíos de la no discriminación tienen que ver con cuál es la sociedad que queremos. Y la que queremos es una sociedad donde los distintos puedan convivir; donde la diferencia, más que un problema, sea una oportunidad. Las sociedades complejas necesitan de la diferencia. En biología existe una ley muy válida desde la perspectiva ecológica que sostiene que, a mayor diversidad, los procesos biológicos tienen estabilidad. Y cuando termina la diversidad mueren los procesos biológicos y se acaba la vida. Las sociedades, para ser estables, requieren diversidad. (Historia de la Ley 20.609, p. 150-151).

El segundo campo semántico donde se mueve la diversidad sexual se relaciona con la lógica de derechos sociales específicos (salud, matrimonio, educación, entre otros). A diferencia de las iniciativas anti-discriminatorias donde la argumentación en contra es más sutil; en las tramitaciones de las leyes que amplían o reconocen derechos sociales a personas LGTBI, el debate se vuelve intenso tanto entre expertos/as como políticos/as, evidenciando una disputa cultural entre sectores sociales que se apegan a valores heteronormativos y otros que toman en cuenta las demandas de movimientos LGTBI, por ejemplo sobre el Acuerdo de Unión Civil.

La argumentación en contra de estas leyes, generalmente viene de sectores vinculados al activismo cristiano conservador, Por activismo cristiano conservador que entendemos como aquel que se presenta en consonancia con las posiciones de las iglesias cristianas en materia de sexualidad (Morán Faúndes, & Vaggione, 2012, Sgró Ruata, & Rabbia, 2011). Estos postulados se sustentan tanto en la apelación a valores religiosos, así como también a cuestiones de tipo científico-médico y legal, refiriéndose al carácter “anti-natural” de ciertas prácticas e identidades que escapan a la heterosexualidad. Vaggione (2005) lo llama “secularismo estratégico”: argumentaciones seculares en los discursos religiosos, a fin de penetrar espacios de influencia política que la religión por sí misma difícilmente puede permear, solapando religión con otros ámbitos como derecho o ciencia (Morán Faúndes, & Vaggione, 2012). En estos discursos, la biología sustituye a Dios como fuente explicativa del orden natural (Miskolci, 2005) y la psicología sirve de fundamentación para la patologización. Por ejemplo, la promiscuidad, la infidelidad y la inestabilidad serían rasgos de los sujetos no heterosexuales:

El psiquiatra Gerard van den Aardweg señaló:

Durante 35 años de tratamiento psicoterapéutico de personas con problemas de homosexualidad, no he encontrado una sola relación homosexual que durase años, de modo que pudiera ser considerada una relación normal, adulta. Existen casos excepcionales de lazos de amistad que duran años entre parejas homosexuales, pero no de cohabitación duradera ni de fidelidad. Son relaciones caracterizadas por tensiones, celos, dependencia adolescente, fenómenos neuróticos de atracción-repulsión (...) (Historia de la Ley 20.830, p. 62).

En el último censo se demostró que la fe cristiana es compartida por el 85% de la población. En el marco valórico de ella se enseña el respeto por las personas homosexuales, pero se reprueba como contraria a la naturaleza humana y de la voluntad divina las conductas homosexuales. Por lo anterior, afirmó que es condición de validez contractual del matrimonio que los contrayentes tengan condición heterosexual (Historia de la Ley 20.830, 2015, p. 46).

Entre las leyes que se consideran contra la diversidad sexual, se ha concretado una única que plantea la argumentación de la identidad sexual desde una defensa explícitamente heteronormativa: la diversidad como un factor disruptor de la ciudadanía, al colocarla como causa para poder justificar la disolución del vínculo matrimonial. En esta discusión el bien prioritario que se reafirma es la “familia” -que es reivindicada como naturalmente heterosexual; institución consagrada en la Constitución chilena. Se señala:

La situación de quienes -por su orientación sexual o su conducta sostenida- se han puesto en situación incompatible con la naturaleza del matrimonio. En estos casos, el otro cónyuge podrá también solicitar el divorcio. No hay razón de justicia alguna, como se comprende, para obligar a un ser humano a mantener un vínculo con quien posee una conducta sexual o de otra índole que hace imposible el proyecto de vida en común que supone el matrimonio, atentando contra sus fines (Historia de la Ley 19.947, p. 8).

Se consagran argumentos que emergen en la discusión de las otras leyes tramitadas: la naturaleza del matrimonio heterosexual y la anti-naturaleza de otras prácticas en el derecho canónico, la apelación a la moral mayoritaria judeo-cristiana y la distinción homosexual-heterosexual. En este único caso, la lógica de derechos que se despliega en las otras leyes analizadas, encuentra su límite: “el matrimonio” como institución constitucional aparece como tope cultural para leyes que impliquen una transformación de las normas de género y/o sexuales dominantes y, por tanto, que apelan a derechos sexuales específicos.

Voces expertas

En los casos analizados se puede señalar un elemento común: la producción discursiva adquiere un carácter público y oficial (Van Dijk, 2003). Esto permite develar no solo los tipos de discursos que se generan en tales espacios, sino también a quienes son considerados como “voces legítimas” para intervenir. Existe una permanente consulta desde el poder “político-legislador” a los saberes expertos para orientar la discusión. Como afirma De Marinis (2009), la relación entre los saberes expertos y lo público, ha ido posicionando a algunos como dominantes y estratégicos para el ejercicio del poder. Aunque las organizaciones sociales son agentes afectados directamente por las leyes que se dictan, y por tanto su rol en la discusión debiera ser significativo, por lo general su voz es relegada a un segundo plano.

Esto está en directa relación con la tipología de De Marinis (2009) sobre quienes ejercen este rol de asesoría, el llamado “intelectual fundacional” que domina la racionalidad política del Estado liberal: el saber médico, científicos/as como psicólogos/as, antropólogos/as o sociólogos/as que participan en espacio de decisión; ingenieros/as sociales, que “saben” de los asuntos de gobierno y, finalmente, “analistas simbólicos”, en tanto expertos/as en asuntos sociales. Es el último, el que hoy emerge con fuerza e incluso desplaza a los otros en su rol. Las agrupaciones de la sociedad civil, según las categorías del autor, caben como “analistas simbólicos” (De Marinis, 2009). Se tratan de organizaciones que trabajan los diversos temas y que como tales tienen cierta voz de representación. Esto se puede apreciar en la discusión del Acuerdo de Unión Civil, en que nuevamente son las organizaciones que reivindican derechos de determinados grupos -principalmente homosexuales- las que se involucran en los procesos legislativos. Así, la inserción de estas organizaciones es a través de un lenguaje técnico para referir a una realidad leída como objetiva, quitándole los rasgos propios que emanan de la experiencia de quienes han vivido algún tipo de situación discriminatoria. Por tanto, en la lógica parlamentaria tienen mayor cabida los saberes expertos por sobre los y las usuarios/as o beneficiarios/as directos de las leyes. En el análisis, las entidades “homosexuales” tienen un nivel mayor de aceptación, que las ubica en una perspectiva dominante en desmedro de otras organizaciones LGTBI, por ejemplo “trans”, “lesbianas”, “bisexuales”, “intersex” que no suelen estar insertas en redes de poder político directo. Por tanto, quedan invisibles, tanto temática y políticamente, constituyéndose en una ciudadanía invisible.

Conclusiones

En el análisis de estas discusiones parlamentarias, vemos que prevalece una visión de “diversidad sexual” que se levanta como término sombrilla (Careaga, 2004) para agrupar de forma generalista a grupos estigmatizados por sus prácticas, orientaciones y/o identidades sexuales. A la vez, emerge la construcción de una otredad (las personas LGTBI) situada en relación a un sistema de privilegio y a una matriz heterosexual (Rich, 1980; Wittig, 2006). Desde una psicología crítica, podemos levantar una sospecha sobre las categorías con las que trabajamos ya que pueden terminar reforzando el binomio de los/las “diversos/as” versus los/as “normales”. No se puede olvidar el rol de las disciplinas PSI en la patologización y en la clasificación como “diferentes” de las orientaciones e identidades sexuales. Como plantean Clarke, Ellis, Peel y Riggs (2010), la psicología dominante sigue centrando su atención en las experiencias heterosexuales y el conocimiento surge de y para sujetos que se asumen heterosexuales.

Se ha ido incorporando un enfoque de género, pero con supuestos heteronormativos de fundamento (Clarke, et al., 2010). Visualizar la influencia de las disciplinas PSI es importante porque vemos cómo en estas discusiones legislativas han resurgido discursos más explícitamente heteronormativos, pero que coexisten con discursos liberales de aceptación de las sexualidades, donde la igualdad y la diversidad son puestas como argumentos de desarrollo social democrático y colocando de relieve sólo una lucha cultural de reconocimiento, dejando sin cuestionamiento otros ejes de desigualdad que operan en la cotidianidad. Por tanto, el foco individualista de cierta psicología da sustento a estos discursos liberales cuando legitima que las sexualidades son decisiones personales, estilos de vida y en pos de un amor verdadero (Clarke, et al., 2010).

La apelación a argumentos científicos y especializado funciona como fundamento a esta construcción de otredad a partir de discursos de verdad (Rose, 1996). Éstos operan en la distinción “mayoría versus minorías sexuales”, sustentada en la frontera heterosexualidad/homosexualidad, dónde ésta última constituye la exterioridad de la primera. Esta distinción supone varias homogeneizaciones: tanto la homogeneización del exterior constitutivo (lo no-heterosexual), así como la de la heterosexualidad. Se invisibilizan las diferencias dentro del conjunto heterosexual y las del conjunto de sujetos y de prácticas posibles dentro de la sigla LGTBI. En este proceso se produce y reifica la frontera entre “heterosexualidad” y “homosexualidad”, en tanto que se desconoce la producción socio-histórica de esas categorías y de la heterosexualidad como régimen político (Wittig, 2006) y matriz de género-sexo-deseo (Butler, 2007).

La invisibilización de las prácticas heterosexuales tiene por consecuencia que por un lado, se reivindique como natural el marco normativo donde socialmente debe moverse este conjunto social (lo permitido estaría en contradicción con las prácticas de la otredad LGTBI), mientras que a la vez, quedan invisibles las especificidades de las necesidades sociales, económicas, médicas, entre otras, de los colectivos agrupados en la sigla LGTBI; ya que parecieran compartir las mismas preocupaciones y luchas, dejando fuera cualquier planteamiento a otras diferencias que le intersectan (clase, edad, procedencia nacional, etnia, entre otras). Se desconoce la distribución diferencial de vulnerabilidad, condiciones de protección y precariedad (Butler, 2010) que afectan a los distintos sujetos. Se asume que en lo LGTBI -en tanto sumatoria de identidades- quedan subsumidas todas las posibilidades de prácticas, existencias y subjetividades por fuera de la heterosexualidad.

Las formas de comprensión de la “diversidad sexual” analizadas podrían suponer una doble lectura: por un lado, responden a una atenuación de las desigualdades existentes porque aportan derechos a ciertos colectivos LGTBI (principalmente homosexuales) pero a la vez, puede convertirse en una forma más del poder que se ejerce sobre los individuos y sus cuerpos (Foucault, 1977). Se ejerce poder sobre los cuerpos porque a partir de estas leyes se colocan límites de lo considerado aceptable de vivir sexualmente dentro de este contexto social y, por tanto, demarca todo lo que queda fuera de lo permitido (Foucault, 2001).

En las discusiones parlamentarias se homologa el uso de los términos “identidad sexual”, “orientación sexual” y “preferencia sexual”. La distinción entre estas nociones no parece importar porque precisamente refiere a esa otredad. El cuerpo sexuado aparece siempre del lado de los no heterosexuales; la diferencia está situada fijamente en “ellos/as” quienes emergen como “los/las sexualmente diferentes”; invisibilizando la otra cara, al conjunto social heterosexual como no afecto al problema en discusión.

Se da un juego de invisibilidad/visibilidad: por un lado, en las discusiones de leyes que son generales para toda la ciudadanía y en las que se propone un reconocimiento de la población LGTBI, muchas veces se acuerda no enunciarlos explícitamente porque se sobre-entiende que ciertos usos genéricos como “diversidad social” o “cultural” engloba al conjunto ciudadano y sus minorías, por tanto, se invisibiliza la referencia a una identidad sexual concreta. A la vez, cuando efectivamente se incorpora en otras leyes más específicas, las identidades se vuelven visibles, por exceso de su consideración como “minorías”; en relación a lo invisible que aparecen las prácticas del conjunto heterosexual. Como consecuencia esta diferenciación sexualizada, coloca a la diversidad sexual como una “otredad problemática” ante la que se debe actuar, ya sea por una lógica de ampliación de derechos, y/o bien, para evitar una desviación de los marcos aceptados como “normales”.

Este afán de fijación que emana en las leyes, a partir de criterios sexuales, sitúa al colectivo LGTBI en un espacio cultural identitario de disputa. Así va perdiéndose de vista la dimensión sociohistórica de los cuerpos sexuados que son a su vez afectados por determinaciones sociales, de género, económicas, religiosas, generacionales, de capacidad y étnicas, entre otras, las cuales van a dar forma a los modos en los que las personas viven su sexualidad (Rich, 1980; Butler, 2005). Esta homogeneización de lo no-heterosexual en tanto “diverso” invisibiliza la existencia de estratificaciones de las distintas subjetividades, expresiones y prácticas sexo-genéricas, tal como planteó Rubin (1989).

Financiamiento

Investigación FONDECYT No. 1170417 “Acción pública y diversidad sexual en Chile: Construcciones sociales en democracia (1990-2016)”

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